Domingo 17 de mayo 2020
En relación con la reciente operación realizada por el
gobierno mediante la cual vende títulos de deuda pública del Ministerio de
Hacienda por 40 mil millones de pesos a las principales Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), se evidencian serias contradicciones.
Esas contradicciones hacen referencia, primero, al
impacto sobre la economía dominicana; y segundo, con respecto a la oposición de
utilización por parte de los trabajadores de una proporción de sus ahorros
administrados por las AFP.
La operación realizada por el gobierno implicó que el
Banco Central comprará títulos que tenían las AFP en esa entidad, para que
éstas, a su vez, pudieran disponer de liquidez a los fines de adquirir los
referidos títulos de deuda del Ministerio de Hacienda.
Esa operación, además de ser una triangulación que
impacta la institucionalidad del sistema de pensiones y de las normativas
presupuestarias, constituye una visión distinta con respecto a la enfática
declaración emitida con anterioridad por el gobernador del Banco Central, en
relación con el uso de esos fondos de pensiones y la propuesta legislativa de
devolver a los trabajadores un porcentaje de sus ahorros en el referido Fondo
de Pensiones.
Este doble discurso denota, cuando menos,
improvisación e inseguridad. Cuando se argumenta una decisión y se adopta otra,
eso genera desconfianza en las autoridades por parte de los agentes económicos;
y eso, por supuesto, resulta altamente perjudicial en momentos en que la
prudencia en el manejo de la economía resulta una prioridad para superar la
presente crisis generada por la pandemia del Covid-19.
De hecho, en su momento, el principal representante de
la autoridad monetaria del país calificó de “desafortunada e improcedente” la
propuesta introducida en las cámaras legislativas en
relación al uso de los fondos de pensiones por parte
de los trabajadores.
Se argumentó que devolver a los trabajadores parte de
sus ahorros, “…generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la
coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de
inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el
valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que
afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores
ingresos e incrementaría los niveles de pobreza”.
Asimismo, expresó que: “Ese proceso inflacionario y de
mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de
divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una
depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y
frenaría la inversión extranjera directa.”
Sin embargo, a pesar de todos esos argumentos en
contra, el gobierno y el Banco Central acaban de realizar una operación que
tendría prácticamente los mismos efectos que se le atribuye a la
solicitud de los trabajadores de acceder a sus ahorros
en el Fondo de Pensiones, esto es, devaluación, inflación, e incertidumbre de
parte de los agentes económicos.
Al tomar esa decisión no se consideró que esos fondos
son propiedad de los trabajadores; y son ellos, precisamente, quienes reclaman
disponer de una proporción de los mismos, en razón de que en estos momentos
necesitan recursos para mantener un nivel mínimo de consumo en sus hogares,
afectados de manera muy sensitiva por la crisis económica derivada de la
pandemia del covid-19.
Constituye un despropósito por parte de las
autoridades, el que se haya sido ignorado la solicitud de los trabajadores con
argumentos técnicos, y que haya sido el propio gobierno, el que con esta
operación haya pulverizado sus propios argumentos, al acceder a 40 mil millones de pesos de los
fondos de pensiones, para, entre otras cosas, realizar obras de infraestructura
cuando, en realidad, al gobierno le quedan menos de tres meses de ejercicio de
poder.
La pregunta que habría que hacerse es la siguiente:
¿Por qué razón el gobierno puede utilizar los fondos de pensiones y no así los
trabajadores que son sus verdaderos dueños?
Obviamente, no hay respuesta convincente. En realidad,
por eso, frente a esa situación de ambigüedad que perjudica a los trabajadores,
proponemos, primero, que se revierta la operación de venta de certificados al
gobierno; y segundo, que con esos 40 mil millones de pesos se dé inicio de
inmediato, por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a la
entrega de una parte de sus ahorros a los trabajadores, quienes en estos momentos de angustia y desasosiego,
son quienes más lo necesitan.
